Certificado de antecedentes penales: cómo pedirlo online, por correo o en persona

El certificado de antecedentes penales acredita si constan o no antecedentes en el Registro Central de Penados. Puedes pedirlo por internet con Cl@ve o certificado digital, por correo o en persona con cita previa. Cuesta 3,86 euros y, por internet, normalmente se emite en el momento.

Qué acredita y quién puede pedirlo

Es un certificado que acredita la carencia o la existencia de antecedentes penales que constan en el Registro Central de Penados en la fecha en que se expide. Lo emite el Ministerio de Justicia.

Puede pedirlo cualquier persona física mayor de edad, y también las personas jurídicas a través de sus representantes legales. Las personas con la capacidad modificada judicialmente deben estar representadas por uno de sus progenitores o por su tutor legal.

Si tienes la nacionalidad de otro país de la Unión Europea, el Ministerio pide además tus antecedentes a la autoridad central de tu país, que se adjuntan al certificado español. Ese país dispone de 20 días hábiles para responder, así que el trámite puede alargarse.

Las tres formas de pedirlo

En todos los casos, el Ministerio avisa de que puede hacer falta más tiempo, por ejemplo por incidencias técnicas. Por internet y en persona, ese retraso en general no supera los 3 días hábiles. El plazo legal que tiene la Administración para expedirlo es de 10 días hábiles desde que recibe la solicitud.

Si tienes nacionalidad de otro Estado de la Unión Europea y lo pides por internet, el plazo máximo es de 30 días naturales, porque hay que recabar también los antecedentes de tu país.

Cómo pedirlo por internet, paso a paso

Pedir el certificado en la sede del Ministerio de Justicia

Quien reciba tu certificado puede comprobar que es auténtico con su código seguro de verificación (CSV), en el servicio de verificación de la propia sede.

En persona o por correo: dónde y qué llevar

La solicitud presencial se presenta en las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o, en Madrid, en la Oficina Central de Atención al Ciudadano (calle Bolsa, 8). También puede presentarse en cualquier oficina de registro de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales con oficina integrada.

Sobre la cita, el Ministerio indica que todos los trámites presenciales en las Gerencias Territoriales se atienden con cita previa, y que en la oficina de Madrid se realizan preferiblemente con cita previa. La de Madrid se pide en una web propia, distinta de la de las Gerencias.

• El formulario 790, que puedes descargar en la web del Ministerio de Justicia o recoger en las Gerencias Territoriales.
• Tu documento de identidad en vigor, original o fotocopia compulsada: DNI, tarjeta de residencia, pasaporte, carné de conducir español o documento de identidad comunitario.
• El justificante de pago de la tasa: el ejemplar para la Administración del 790 validado por el banco, o el comprobante con el NRC si pagas por banca electrónica.
• Si vas en nombre de otra persona: además de tu documento, el documento de identidad del interesado y el que acredite la representación (documento notarial o documento privado firmado ante un empleado público).

Por correo, los requisitos son los mismos, pero envías fotocopias compulsadas o cotejadas a una Gerencia Territorial o, en Madrid, a la Sección de Antecedentes Penales de la Oficina Central. El envío debe incluir una autorización para que te remitan el certificado por correo postal ordinario o por correo electrónico. No se puede enviar por correo electrónico si necesita legalización diplomática o si lleva adjunta la información de otro país de la Unión Europea.

Si eres español y vives fuera, el Ministerio indica que lo pidas preferentemente a través del consulado o la embajada más cercanos. Las fotocopias hechas en el extranjero deben estar compulsadas ante la embajada o el consulado, o ante notario con apostilla o legalización.

La tasa 790 006 y la validez del certificado

El certificado tiene una tasa de 3,86 euros. Se liquida con el modelo 790 y, en la banca electrónica, aparece como «Código 006 Tasas Administrativas Ministerio de Justicia». Por internet se paga dentro del propio trámite. Para la vía presencial o por correo puedes pagar en una entidad financiera colaboradora de la Agencia Tributaria o por banca electrónica. Desde el extranjero también se admite una transferencia desde un banco de fuera de España a la cuenta que indica el Ministerio.

Sobre la validez, las fichas oficiales del Ministerio no le fijan un plazo de caducidad: el certificado acredita lo que consta en el registro en la fecha en que se expide. Por eso, cuánta antigüedad se acepta lo decide quien te lo pide. Revísalo en las bases o instrucciones del trámite para el que lo necesitas.

A diferencia de este certificado, los del Registro Civil, como el certificado de nacimiento o la fe de vida y estado, son gratuitos.

Si lo necesitas para otro país: apostilla o legalización

Cuando el certificado tiene que surtir efectos en el extranjero, necesita estar legalizado. En la solicitud se indica el país de destino, para aplicar la legalización única o la apostilla de La Haya. Por internet basta con marcar la opción de apostilla al pedirlo.

Hay una excepción importante: desde el 16 de febrero de 2019, si el país de destino es otro Estado de la Unión Europea, los certificados negativos de antecedentes penales están exentos de legalización y de apostilla.

Si lo necesitas para un trámite de extranjería en España, revisa en la ficha de ese trámite qué certificado te piden. En nuestra guía de la cita previa de extranjería explicamos cómo funcionan esas citas.

Antecedentes penales y delitos de naturaleza sexual: no son lo mismo

La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, obliga a aportar el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos a todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.

Según la interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos que recoge el Ministerio, el contacto habitual con menores existe cuando el puesto, por su propia naturaleza, se dirige principalmente a menores. No es necesario en profesiones de atención al público en general, aunque entre ese público haya menores.

Tampoco hay obligación de renovarlo periódicamente mientras no haya circunstancias que lo justifiquen. El trabajador debe comunicar a su empresa cualquier cambio en ese registro, y la empresa puede pedirlo de nuevo si tiene sospechas fundadas.

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